Mientras cada día hay más ciudades en todo el mundo oponiéndose al reconocimiento facial, el gobernador Miguel Ángel Riquelme está construyendo en Coahuila una red de vigilancia que amenaza gravemente los derechos humanos.
A lo largo de los últimos meses, el Sistema de Vídeo Vigilancia para la Seguridad, también conocido como Sistema de Videointeligencia se ha ido conectando a los Centros de Comunicaciones, Cómputo, Control y Comando (C4) de las cinco regiones de la entidad1, sin que se haya transparentado la información necesaria para saber sobre su alcance, costo y operación.
Una amenaza para nuestras libertades
El reconocimiento facial no es confiable. Sus errores han llevado a que cientos de personas hayan sido detenidas arbitrariamente por delitos que no cometieron. Su margen de error puede alcanzar hasta un 95% de equivocación. Además, es una tecnología propensa a ser discriminatoria, ya que es especialmente imprecisa al identificar mujeres, jóvenes, personas no blancas y personas transgénero o no binarias.
El reconocimiento facial también ha sido usado para coartar la libertad de expresión y el derecho a la protesta. En países como Estados Unidos, las policías han abusado de estos sistemas para arrestar a manifestantes, disidentes o personas migrantes.
Asimismo, las autoridades utilizan estas tecnologías sin rendir cuentas. No existen regulaciones ni mecanismos de transparencia. Todo se hace en la opacidad, desde la contratación hasta el uso. Esta falta de protocolos deja a la ciudadanía en una posición de vulnerabilidad y abre la puerta al abuso y la impunidad.
Opacidad total
A través de múltiples solicitudes de acceso a la información, el gobierno de Coahuila ha sido cuestionado sobre este sistema de videovigilancia. Su respuesta ha sido la opacidad.
El gobierno estatal asegura que el proyecto costó 600 millones de pesos (27 millones de dólares) en su primera fase. Sin embargo, esta información es imposible de comprobar, ya que la Secretaría de Finanzas declaró como reservada la información relativa al proceso de contratación y licitación.
Además, la SSP reservó toda la información relacionada con la ubicación de las cámaras con reconocimiento facial y aceptó desconocer cuál es la tasa de error de esta tecnología. La dependencia también negó que el sistema incluya reconocimiento de emociones ─una función ampliamente desacreditada3 por estudios científicos─, a pesar de que los vídeos tutoriales de la empresa proveedora muestran que el sistema adquirido cuenta con estas capacidades.
La Secretaría de Seguridad Pública estatal se negó a responder desde qué fecha se encuentra operando el proyecto, bajo el argumento de que está “en fase de pruebas”. Tampoco fue capaz de informar sobre el número de personas identificadas o el número de personas detenidas con el uso de estas tecnologías.
El gran beneficiado
El principal ganador es la empresa china Zhejiang Dahua Technology Co. LTD. Dahua cuenta con graves acusaciones por ayudar al gobierno chino en la persecución y represión de millones de personas musulmanas, además de haber recibido casi mil millones de dólares para construir recintos de “reeducación” para disidentes en China.4
Dahua también ha sido sancionada por el Departamento de Comercio de Estados Unidos, que prohibió la exportación de sus productos a agencias gubernamentales. Lejos de retractarse por ser cómplices en violaciones de derechos humanos, el vicepresidente de Dahua ha dicho que las sanciones son “motivo de orgullo”5 porque muestran que tiene una gran capacidad tecnológica para espiar.
Por si fuera poco, la tecnología de Dahua ha mostrado ser vulnerable. Una investigación de 20196 mostró que las cámaras de videovigilancia tenían una “puerta trasera” que permitía a un atacante acceder al audio capturado por el dispositivo, aún si esta función se encontraba desactivada.
El gobierno de Coahuila no tiene acceso a los algoritmos ni al sistema operativo del sistema; tampoco se sabe qué bases de datos utilizó Dahua para el diseño y entrenamiento de la tecnología de reconocimiento facial, supuestamente adecuado para reconocer “rostros mexicanos”.
Vigilancia sin límites
La intención del gobierno de Coahuila es una vigilancia sin límites: quiere que el sistema de reconocimiento facial pueda conectarse con bases de datos7 como la del Instituto Nacional Electoral (INE) o Plataforma México, con lo que podría identificar (y monitorear) a prácticamente cualquier persona que pase frente a sus cámaras.
Por el momento, el sistema coteja el reconocimiento facial con una “lista de excepción”, compuesta por los rostros de personas con órdenes de aprehensión y detención en curso que proporciona la fiscalía local. Desde que está en uso, el sistema no ha arrojado ni un solo emparejamiento positivo con este listado. Además, es problemático que las autoridades tengan discrecionalidad absoluta para la inclusión o exclusión de rostros en las bases de datos del sistema.
Además, Riquelme ha propuesto que los ayuntamientos exijan a empresas y centros comerciales que incorporen cámaras que se conecten directamente con los centros de monitoreo. Esto generaría un gigantesco sistema de vigilancia masiva y permanente de las personas en el espacio público.
La vigilancia masiva con reconocimiento facial debe prohibirse en Coahuila y en todo México. Los problemas inherentes de esta tecnología superan, por mucho, sus cuestionables beneficios. Gobiernos, empresas y organismos internacionales están frenando su implementación, por los enormes riesgos que implica para los derechos humanos. No hay cabida para la vigilancia con reconocimiento facial en las sociedades democráticas.
¡Que no nos vean la cara!
